La Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado mantiene sus labores bajo un esquema de sesión permanente, luego de recibir un expediente remitido por el Gobierno de Nuevo León.

Durante la más reciente reunión, en la que participaron todos sus integrantes, se revisó el escrito enviado por el Ejecutivo estatal. El archivo, que supera las 200 páginas, será procesado mediante una versión pública con el propósito de garantizar la transparencia y el acceso a la información para la ciudadanía.

El gobernador Samuel García, presentó el recurso bajo la figura jurídica ad cautelam, al sostener que el Congreso carece de atribuciones para someterlo a juicio político. Además, reiteró que el tema de la presunta triangulación de recursos corresponde a la Auditoría Superior del Estado y a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De igual manera, el titular del Ejecutivo solicitó la designación de una defensa jurídica, al argumentar que desconoce el procedimiento legislativo que se desarrolla en su contra.

Por su parte, la diputada Armida Serrato, presidenta de la Comisión, subrayó la necesidad de actuar con rigor técnico en el análisis del expediente y descartó la posibilidad de turnarlo de manera inmediata a la Diputación Permanente.

"Estamos en el proceso, es por eso que, siendo un documento robusto, lo que yo propuse ante la comisión es tener, para mí, que es un plazo suficiente de aquí al viernes, para que todos los diputados y diputadas se impongan del escrito y que continuemos precisamente con el proceso que sería iniciar con las investigaciones y diligencias. ¿Qué representa el iniciar con investigaciones y diligencias? Que ahora sí, tanto a dependencias locales, federales e incluso, la propuesta de una servidora como presidenta de la comisión lo voy a poner a consideración en la mesa, también se les mande llamar a las empresas que están dentro de esta posible triangulación de recursos", dijo.

La Comisión retomará sus actividades el próximo viernes 26 de junio a las 09:30 horas. De acuerdo con la proyección de la presidencia, el dictamen final podría quedar listo a inicios de agosto, para posteriormente ser votado en el órgano legislativo y, en su caso, discutido en el Pleno.

(CAGG)