Un juez ordenó congelar las cuentas bancarias y las escrituras de los inmuebles del gobierno de Singuilucan para garantizar el pago de 21 millones 408 mil pesos a burócratas que fueron despedidos injustificadamente en 2016, en el estado de Hidalgo.

La alcaldesa, Yazmín Dávila, informó sobre el embargo de las cuentas y aseguró que los 30 trabajadores exigieron la entrega de un predio donde se encuentra el cementerio local, la plaza principal, el auditorio, la presidencia municipal, la capilla de San Joaquín, entre otras propiedades.

La funcionaria recordó que el juicio laboral inició hace nueve años y que, desde entonces, los ediles que la precedieron no hicieron nada para tratar de ganar el proceso.

(APHA)