Tras semanas de diálogo con sectores productivos, especialistas y organizaciones civiles, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Ricardo Monreal, anunció modificaciones a la iniciativa de Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales, el dictamen actualizado fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el 28 de noviembre.

Monreal explicó que se revisaron 124 artículos en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el objetivo de fortalecer el derecho humano al vital líquido, otorgar certeza jurídica a los usuarios y modernizar la gestión hídrica.

Entre los ajustes se precisan definiciones clave como “reasignación” y “uso agropecuario familiar”, y se incorpora el concepto de seguridad hídrica. También, se refuerzan los mecanismos de transparencia, con la reincorporación del Órgano Interno de Control y cambios en la integración del Consejo Técnico.

Los Organismos de Cuenca conservarán sus facultades para emitir concesiones y permisos, con procedimientos más claros para la reasignación de volúmenes. En materia administrativa, el uso del correo electrónico como medio de notificación será opcional, y los plazos para prórrogas se amplían de uno a dos años.

El dictamen define los criterios del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales y establece que sus volúmenes no serán contabilizados como disponibilidad. Además, se fijan reglas más claras para sucesiones y traslados de derechos, entre ellas la emisión de nuevos títulos por parte de Conagua en un máximo de 20 días hábiles.

La iniciativa impulsa la captación de agua pluvial para uso doméstico y agropecuario familiar, mantiene la prohibición de verter residuos mineros en cauces federales e incorpora medidas de reparación ambiental. En el ámbito sancionatorio, se reducen las multas, pero se gradúan según la gravedad, y se endurecen las penas por robo de agua.El proyecto incluye un programa de regularización en zonas de libre alumbramiento y garantiza que no habrá retroactividad en trámites previos.

Asimismo, contempla facilidades para comunidades marginadas.

La nueva Ley General de Aguas define el derecho humano al agua y obliga al Estado a prevenir, investigar y sancionar violaciones, además de fortalecer a los organismos operadores. Los estados tendrán 180 días para armonizar su legislación.

Monreal afirmó que las modificaciones reflejan la sensibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia sectores campesinos y reconoció la colaboración de la Conagua.

(CAGG)