Las redes del huachicol fiscal alcanzaron a Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con una causa penal, Grupo Potesta, una de las empresas investigadas por contrabando de combustibles, realizó operaciones por más de 220 millones de pesos con Vector.

El documento judicial señala que estos movimientos financieros podrían haber servido para ocultar recursos y transferirlos a otras entidades o países. La investigación, encabezada por el Centro Federal de Inteligencia Criminal, detectó al menos 555 empresas vinculadas con el esquema de defraudación, incluyendo comercializadoras, transportistas y firmas fachada con ingresos desproporcionados respecto a su plantilla laboral.

Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Vector en una lista de instituciones financieras mexicanas señaladas por facilitar el lavado de dinero en nombre de cárteles como el de Sinaloa y el del Golfo. Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dicha entidad habría participado en la adquisición de precursores químicos provenientes de China para la producción de fentanilo.

La causa también involucra a altos mandos militares, como el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente recluido en el penal del Altiplano. La red operaba mediante la importación de combustible desde Estados Unidos, que luego era distribuido en México a precios por debajo del mercado, evadiendo impuestos y regulaciones.

El caso se perfila como uno de los más complejos en materia de crimen financiero y corrupción institucional, con implicaciones que alcanzan al sector privado, las fuerzas armadas y el sistema fiscal mexicano.

(CAGG)