En Venezuela, la Asamblea Nacional debate con carácter de urgencia un proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, anunciado la semana pasada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Esta iniciativa busca otorgar clemencia a cientos de personas encarceladas o procesadas por motivos políticos desde el 1 de enero de 1999 hasta la fecha actual, cubriendo más de 27 años de confrontación política en el país.

Según un borrador revisado por agencias internacionales como Reuters, la ley concedería liberaciones inmediatas a quienes fueron detenidos por participar en protestas, expresar críticas a figuras públicas o incurrir en delitos como traición a la patria, terrorismo o instigación al odio, cuando estos tengan naturaleza política.

Entre sus efectos principales se incluyen: la extinción total de procesos penales, la devolución de bienes confiscados a los beneficiarios, la cancelación de órdenes de captura nacionales e internacionales, incluidas las de Interpol, y la eliminación de restricciones que impidan el regreso seguro al país de exiliados o perseguidos.

La norma excluye expresamente delitos graves, como homicidio, tráfico de drogas, corrupción o violaciones masivas a los derechos humanos, en cumplimiento de impedimentos constitucionales.

El anuncio forma parte de un contexto de cambios políticos tras la salida de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. La mandataria lo presentó como un paso para reparar las heridas de la violencia política y promover la reconciliación nacional.

Familiares de presos políticos, activistas y organizaciones como Foro Penal han exigido rapidez en las liberaciones y participación en el debate, mientras se reportan ya cientos de excarcelaciones previas por órdenes gubernamentales.

La Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, inició la discusión este jueves con miras a una aprobación pronta en dos debates.

(FAGG)