El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Congreso de Nuevo León incurrió en una omisión legislativa al no aprobar la reforma en materia de transparencia prevista desde junio de 2025.

Con esta sentencia, los diputados quedan obligados a legislar en el próximo periodo ordinario de sesiones para armonizar la normativa estatal con la federal y garantizar el acceso a la información pública.

El documento fue elaborado por la ministra Sara Irene Herrerías, a partir de una controversia promovida por la Consejería Jurídica del gobernador Samuel García Sepúlveda. El máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de dicha omisión y ordenó al Congreso atender el mandato sin más retrasos.

“Se ordena al Congreso del Estado de Nuevo León a que, a más tardar en el periodo ordinario de sesiones que inicie con posterioridad a la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia, armonice su marco jurídico en los términos precisados por esta ejecutoria”, dijo Herrerías.

Entre los puntos contemplados se encuentra la desaparición del Instituto Estatal de Transparencia (INFO NL), así como la creación de nuevas disposiciones alineadas con la legislación federal. La resolución sienta un precedente que podría impactar otros casos, como la reforma judicial, al obligar al Congreso de Nuevo León a cumplir con los plazos establecidos en la Constitución.

La ministra promovente incorporó observaciones del ministro Giovanni Azael Figueroa con el objetivo de fortalecer el documento y dotarlo de mayor solidez jurídica.

"Se aportan consideraciones encaminadas a robustecer el apartado relativo de las causales de improcedencia, mismas que si este Tribunal Pleno no tiene inconveniente serán incorporadas al engrose”, mencionó la ministra.

Por su parte, la ministra Loretta Ortiz Ahlf respaldó la propuesta, al señalar que la omisión afecta directamente las facultades del Ejecutivo estatal y constituye una invasión de competencias.

"Se actualiza una omisión legislativa absoluta, me parece que al tratarse de una controversia constitucional donde el objeto es el análisis de una posible invasión competencial, creo que el proyecto podría profundizar en el análisis de cómo esta omisión es susceptible de afectar la esfera de competencias del Poder Ejecutivo, lo cual constituye en esencia la materia de la controversia", precisó.

Se prevé que la reforma quede lista antes de concluir el periodo de sesiones el 15 de diciembre, lo que pondría fin a un rezago que ha limitado la transparencia en la entidad.

(CAGG)