La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó al Congreso de Nuevo León dos asuntos legales. Por un lado, dejó abierta la posibilidad de que los diputados impugnen la publicación incompleta del Decreto 340, realizada por el gobernador Samuel García Sepúlveda. Por otro lado, perfila ordenar legislar en materia de transparencia, al declarar inconstitucional la omisión en ese ámbito.

Cabe destacar que, el Decreto 340 recorta facultades al Ejecutivo, incluyendo la elección del fiscal, disposiciones para enjuiciar al gobernador por corrupción y la aprobación del presupuesto si el paquete no se envía a tiempo; sin embargo, fue difundido de manera parcial por el mandatario estatal.

La resolución de la Corte fue aprobada por una votación de 5 a 4. Con este fallo, el Legislativo puede presentar un nuevo recurso antes del 3 de abril para exigir la publicación íntegra del decreto, indicó la presidenta del Congreso, Itzel Castillo Almanza.

“Entonces, nosotros presentaremos como Congreso del Estado, esa controversia constitucional para que se realice la completa publicación del decreto 340. (…) Hoy por hoy nosotros lo único que pedimos como Congreso del Estado es que se respete la decisión de los 42 diputados que estamos en este Congreso del Estado y no respetar la decisión o lo que quiere el gobernador. Y seguiremos presentando y seguiremos defendiendo la decisión y la voluntad de los 42 diputados”, respondió.

En paralelo, la SCJN busca obligar al recinto Legislativo a actualizar su marco jurídico en materia de acceso a la información y protección de datos personales, conforme a las reformas federales de diciembre de 2024.

La sentencia, elaborada por la ministra Sara Irene Herrerías, declara inconstitucional la omisión y establece como plazo el próximo periodo ordinario de sesiones para aprobar la reforma, que será discutida en el pleno el 24 de marzo.

La reforma federal determina que los organismos autónomos locales de transparencia desaparecerán y que sus funciones serán asumidas por dependencias gubernamentales. Sin embargo, en Nuevo León, el Congreso aún no ha realizado los ajustes legales necesarios. Esa falta de acción fue señalada por el Gobierno estatal y dio origen a la controversia constitucional 265/2025, actualmente en revisión por la Suprema Corte.

Con dos litigios abiertos, el Congreso enfrenta semanas decisivas.

(CAGG)