La legalidad y continuidad en el proceso de nombramiento del titular de la Tesorería estatal fue defendida por la coordinadora de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Sandra Pámanes Ortiz, luego que desde la oposición se cuestionara la suplencia en la Secretaría de Finanzas.

Pámanes Ortiz aseguró que la figura de encargado de despacho está plenamente reconocida en la legislación y garantiza el buen funcionamiento de la Tesorería.

"Lo que sí te puedo señalar es que no hay ninguna irregularidad, ni tampoco está fuera de la ley, que exista la postura o la posición de encargado de despacho dentro de la Tesorería del Estado. Está estipulado así dentro de la Ley del Poder Ejecutivo", explicó.

La legisladora emecista cuestionó que las declaraciones busquen enturbiar el proceso y generar incertidumbre entre la ciudadanía.

"Creo que al final de cuentas lo que observamos es una mala intención por parte del PRI para tratar de enturbiar un proceso donde las finanzas del Estado están funcionando de manera adecuada, donde los recursos del Estado se están cuidando como debe ser y se están aplicando en las obras y en los proyectos que se tienen en puerta por parte de la administración estatal", dijo.

Bajo esa línea, aclaró que el plazo constitucional de 90 días no aplica en este caso, debido a que la renuncia del anterior tesorero fue justificada.

"En este caso no hay una ausencia injustificada y entonces entra, en su caso en este momento, porque Carlos Garza renuncia a su cargo con razones justificadas, en tiempo y señala claramente cuáles son los motivos. Entonces no aplica el decir que tenemos un plazo definido de 90 días para que se pueda presentar", precisó.

Posteriormente, el Gobierno del Estado informó que notificará al Congreso la renuncia formal de Carlos Garza Ibarra como titular de la Tesorería y precisó que Ulises Carlin de la Fuente permanecerá como encargado del despacho.

El Ejecutivo subrayó que el plazo constitucional de 90 días no es aplicable en este caso y destacó que la figura de suplencia ha sido reconocida por la Secretaría de Hacienda, por las calificadoras y por el sistema financiero, lo que garantiza certeza y continuidad en las operaciones del Estado.

(CAGG)