El Poder Judicial de la Federación ordenó a la Defensa entregar la totalidad de los archivos elaborados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

En la resolución, un juez estimó que existe una brecha aproximada de 853 folios que no han sido proporcionados. Precisó que la falta de continuidad en la documentación no acredita su inexistencia, sino que apunta a que permanece bajo resguardo de las autoridades y debe ponerse a disposición para garantizar el derecho a la verdad.

La determinación judicial deriva de la demanda promovida en agosto de 2023 por madres y padres de los alumnos, quienes denunciaron la omisión en la entrega completa de reportes de inteligencia, pese al decreto presidencial que obligaba a dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.

Las familias señalaron a la Defensa por ocultar archivos cuya existencia fue revelada en el sexto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Este documento dio cuenta de comunicaciones internas relacionadas con el seguimiento a los normalistas antes y después de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala; sin embargo, el material recibido presentaba numeración incompleta, lo que evidenció faltantes relevantes para entender el contexto delictivo.

Ante la inactividad de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ), los padres recurrieron a tribunales federales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también advirtió que el avance de las indagatorias se vio afectado por la falta de cooperación institucional.

El fallo establece que la información no puede clasificarse como reservada, debido al interés superior de las víctimas y de la sociedad en conocer lo ocurrido. Además, en 2023 un tribunal colegiado ordenó al Ejército abstenerse de destruir o esconder cualquier evidencia vinculada.

A más de once años de los hechos, el caso Ayotzinapa continúa sin resolverse. Las familias mantienen acciones legales en el ámbito nacional e internacional para superar los obstáculos persistentes y acceder a datos que permitan esclarecer el paradero de sus hijos.

(CAGG)