El anuncio de renuncia de Guadalupe Taddei Zavala generó llamados a una revisión interna y a un reacomodo de funcionarios vinculados a su gestión o a proveedores señalados en investigaciones.

La consejera electoral Carla Humphrey se pronunció a favor de abrir indagatorias internas y externas que lleguen hasta las últimas consecuencias. Adelantó que el Consejo General podría evaluar la separación de cargos de servidores públicos relacionados con contratistas o que aparecieron en reuniones con proveedores.

“A mí me parece que es gravísimo que una autoridad del Estado mexicano de este calibre, que es ejemplo a nivel internacional, tenga estos cuestionamientos, y a mí me parece que lo que sigue legalmente es seguir todas estas investigaciones.”

"No sé, quizás, alguna auditoría externa por parte de alguna otra institución para también saber nosotros el alcance de todas estas conductas"

Humphrey también señaló la concentración de facultades en la presidencia tras la reforma de 2024, conocida como los “superpoderes”, y llamó al Congreso a revertir esa modificación para recuperar la colegialidad en el Instituto.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ha sostenido que su partido no protegerá a nadie que haya cometido irregularidades. Ha pedido una “sacudida” en el INE, y que el Órgano Interno de Control, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera esclarezcan los hechos.

“Debe de comenzar a remover o a pedir la renuncia de funcionarios que no tengan idoneidad o que tengan vínculos con el proveedor denunciado, o con la propia presidenta saliente. Yo creo que es normal y correcto, incluso necesario, que haya una sacudida en el Instituto Nacional Electoral.”

Monreal estimó que el relevo definitivo tomará entre cuatro y cinco semanas, periodo en el que el Instituto continuará operando con normalidad.

En paralelo, se registró otra renuncia al interior del organismo. Valeria Itzel Ramírez Gallardo presentó su dimisión como subdirectora de Procedimientos de Remoción de Consejeros de los OPL y de Violencia Política contra las Mujeres, adscrita a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Su salida se da en medio de señalamientos periodísticos que la vinculan como pareja de Carlos Daniel Luna Rosas, jefe de Oficina de la Presidencia del Consejo General, a quien se atribuye haber intervenido para su contratación.

(AASE)