Parque Fundidora colocó nuevos avisos en distintos accesos para advertir que las personas que ingresen sin autorización o accedan a áreas restringidas podrían enfrentar sanciones e, incluso, ser puestas a disposición de las autoridades por el presunto delito de allanamiento. 

Uno de los letreros fue instalado sobre la calle Agrícola, en la colonia Agrícola Acero, a un costado del recinto en Monterrey, Nuevo León.

Otros más, sobre la avenida Constitución.

Las advertencias fueron instaladas luego de los incidentes registrados el pasado miércoles durante la transmisión del partido entre la Selección Mexicana y Ecuador en el Fan Fest, cuando miles de personas se congregaron en el parque y se registraron portazos en algunos accesos. 

En medio del desorden, varios portones resultaron dañados y se reportaron afectaciones en distintas áreas de la infraestructura del recinto.

La jornada también dejó una persona lesionada. Una joven resultó herida tras la caída de una estructura de concreto en medio de la aglomeración y tuvo que ser atendida por cuerpos de auxilio.

En el plano jurídico, Parque Fundidora opera como un organismo público descentralizado del Gobierno de Nuevo León. 

Así lo establece el Artículo 1 de la Ley que Crea al Organismo Público Descentralizado Denominado Parque Fundidora, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 10 de julio de 2006, que señala que el organismo formará parte de la Administración Pública Estatal pero que contará con personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrá autonomía técnica y de gestión.

Ley que crea al Organismo Público Descentralizado denominado Parque Fundidora

Art 1. - Se crea y regula el organismo público descentralizado denominado Parque Fundidora, el cual formará parte de la Administración Pública Estatal, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrá autonomía técnica y de gestión.

Lo anterior significa que, aunque la administración del parque cuenta con facultades para regular el acceso y establecer restricciones en sus instalaciones, no lo hace por sí solo un espacio privado y la colocación de un letrero no implica que cualquier ingreso no autorizado constituya automáticamente el delito de allanamiento de morada. 

En caso de actos de violencia o la eventual configuración de un ilícito deberá ser analizado por autoridades ministeriales al tratarse de un espacio público administrado por un organismo estatal y no de un inmueble particular. 

Aunque se solicitó una postura oficial a la administración del Parque, no se obtuvo respuesta.

(APHA)