La Secretaría de Relaciones Exteriores respondió a la decisión del gobierno de Texas de declarar propiedad estatal nueve islotes, de aproximadamente 26 hectáreas, ubicados en el cauce del Río Bravo.

La cancillería mexicana precisó que la frontera entre México y Estados Unidos está definida por tratados internacionales y no puede ser modificada por un gobierno estatal. Solo la Comisión Internacional de Límites y Aguas está facultada para determinar de qué lado se encuentra cada isla.

Las autoridades texanas señalaron que la medida busca facilitar el acceso de sus fuerzas de seguridad para patrullar, inspeccionar y prevenir que estos islotes sean utilizados por organizaciones delictivas en actividades de tráfico y contrabando.

(AASE)