Cerca de mil trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) se inscribieron en el programa de retiro voluntario, tras la reforma electoral que busca reducir el gasto operativo del organismo, como dio a conocer el Poder Ejecutivo.

El plan ofrece a los participantes la liquidación correspondiente conforme a la ley y a las normas internas, además de un pago adicional.

Hasta el momento, el número de solicitudes asciende a 970, una cifra superior a la esperada, lo que llevó al INE a ampliar el plazo del proceso. De este total, 707 pertenecen al personal administrativo y 263 al servicio profesional electoral nacional, dentro de una nómina general de poco más de 18 mil plazas en todo el país.

La secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, explicó que el volumen de solicitudes superó las expectativas y representa un esfuerzo administrativo considerable. “Es necesario darle viabilidad a la dirección de administración; es un esfuerzo muy amplio, mucho mayor al que esperábamos”, declaró.

Para el pago del estímulo, se estableció una bolsa general de 100 millones de pesos. Tendrán prioridad quienes cuenten con mayor antigüedad, siendo requisito mínimo diez años de servicio. El beneficio contempla tres meses de percepciones brutas y 20 días por cada año laborado.

En el presupuesto de este año, el INE cuenta con 20 mil millones de pesos, monto que no incluye el financiamiento a partidos políticos ni los recursos destinados a elecciones o consultas ciudadanas.

Para 2026, el instituto solicitó un presupuesto base de 15 mil 100 millones de pesos, destinados principalmente al pago de servicios personales y proyectos ordinarios. Además, planteó un fondo precautorio de 3 mil 119 millones para una posible consulta popular, y 7 mil 737 millones para las prerrogativas de los partidos políticos.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala señaló que, aunque el INE aprobó su solicitud presupuestal y la envió a la Secretaría de Hacienda para su entrega a la Cámara de Diputados, el Ejecutivo federal eliminó el monto correspondiente al presupuesto precautorio, pese a que el plazo para definir si habrá consulta ciudadana vence en noviembre.

La consejera enfatizó que cualquier ajuste o recorte presupuestal debe ser facultad exclusiva del Poder Legislativo.

(APHA)