Ante la recurrente problemática de encharcamientos severos y afectaciones patrimoniales durante la temporada de lluvias, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Marisol González Elías, presentó un paquete de reformas enfocado en fortalecer la infraestructura pluvial, la regulación urbana y la responsabilidad patrimonial de las autoridades en Nuevo León.

La legisladora advirtió sobre el impacto del crecimiento urbano desordenado y la falta de absorción del agua en las zonas metropolitanas.

"Una lluvia de una hora, nos inundamos por toda la ciudad y eso tiene que ver a consecuencia de que no hay una permeabilidad del agua, se estanque el agua. Estamos creciendo de tal manera que hoy, al dar este tipo de permisos, pues lo que genera es que se desvíen el cauce de las aguas."

Las modificaciones legales abarcan distintos ordenamientos estatales, entre los que destaca la Ley de Protección Civil para establecer mecanismos precisos de atención a los damnificados y un control riguroso de evaluaciones técnicas.

"A la Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León es pues que se establezca un programa con censo de familias, se revisen los daños. Ellos son los encargados de dar el dictamen estructural sobre situaciones de este tipo de riesgos, entonces que sea una de las autoridades competentes, tanto municipal como estatal, para poder dar la atención y para poder justificar los daños para que puedan hacer esta petición a las autoridades correspondientes."

En materia de desarrollo urbano, la propuesta contempla modificaciones a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para revisar estrictamente los permisos otorgados en los municipios y garantizar que los nuevos proyectos no alteren el flujo natural del agua.

"Colonias que antes no se inundaban a raíz de a veces la corrupción que hay en los desarrollos urbanos para dar estos permisos de construcción generan, sí, porque no tienen un impacto ambiental, un impacto vehicular, no entregan todos los permisos, construyen viviendas con más población que requieren más demanda de servicios y todas estas construcciones cambian el cauce del agua."

El paquete normativo también contempla ajustes a la Ley de Agua Potable y Saneamiento para fincar responsabilidades directas a las autoridades e instituciones encargadas del mantenimiento de alcantarillas y pluviales, así como un llamado para garantizar un presupuesto considerable destinado al sistema de agua y drenaje en el estado.

(AASE)