En Santa Catarina, Nuevo León y otros municipios del área metropolitana, vendedores de mercados rodantes denuncian extorsiones y pagos indebidos por el uso de la vía pública. Ante este escenario, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Marisol González Elías, presentó una iniciativa de reforma legal con el objetivo de erradicar estas conductas y fomentar la formalización de la actividad.

Acompañada por el secretario de Gestión Social del partido, Patricio “Pato” Zambrano, y por el regidor Javier Núñez, la legisladora advirtió que no permitirán la continuidad de actos irregulares en la zona. Señalaron directamente al alcalde Jesús Nava, a quien responsabilizan de tolerar dinámicas que perjudican a quienes trabajan en estos espacios.

“Lo que estamos proponiendo con esta reforma, añadiendo las fracciones sexta y séptima, es que no haya cobros de piso, ni del municipio ni de cualquier otra persona que pretende adueñarse de los mercados. Ni liderazgos ni gente que termina extorsionando a la ciudadanía. Lo único que buscamos es que la gente que con mucho esfuerzo trabaja -muchas jefas de familia, personas con discapacidad, cuyo único medio de ingreso es esta actividad- no sea extorsionada", precisó.

Por su parte, Zambrano destacó la importancia de que quienes ejercen el comercio informal avancen hacia la regularización, a fin de acceder a derechos y beneficios establecidos en la ley.

“Lo que yo busco en este tema es que, poco a poco, las personas que trabajan en estos puestos entren a la formalidad y reciban las prestaciones de ley que merecen: Seguro Social, Infonavit, todo lo que la ley les otorga y que han ganado. Que tengan seguridad social y puedan vivir de manera más digna. Porque les voy a decir una cosa: trabajan desde que amanece hasta que anochece. ¿A dónde van al baño? ¿Quién los protege? ¿Quién los cuida?”, cuestionó.

Núñez añadió que los reportes por pagos irregulares son frecuentes, no solo en Santa Catarina, sino también en demarcaciones como Monterrey.

“Esto ya es algo de muchos años que necesitamos corregir. Ya no se puede permitir que el municipio siga cobrando piso y que otras personas de dudosa procedencia también lo hagan, sin que ese dinero ingrese a las arcas municipales. Eso es lo más delicado. ¿Qué hacen con ese dinero? ¿A dónde se va? Debería destinarse al patrimonio de los habitantes de cada municipio", finalizó.

La propuesta busca establecer un padrón transparente de comerciantes ambulantes, clarificar requisitos de permisos y garantizar que no existan costos asociados.

(CAGG)