Con el objetivo de reforzar los mecanismos de protección de patrimonio en el Estado, en el Congreso de Nuevo León se aprobó la realización de mesas de trabajo con el objetivo de evaluar la viabilidad de un programa de alerta catastral implementado por el Instituto Registral y Catastral.

La herramienta busca prevenir fraudes y despojo inmobiliarios, y actualmente genera una recaudación de aproximadamente 100 millones de pesos anualmente, aunque se busca que esto sólo sea una medida recaudatoria.

El impulsor de la iniciativa, el diputado Javier Caballero Gaona, del grupo legislativo del PRI, indicó que estas mesas ayudarán a la identificación de áreas de oportunidad en el citado sistema y al establecimiento de nuevos mecanismos para asegurar que cualquier propietario de un bien inmueble, tenga la capacidad de vigilar su patrimonio de forma eficaz. 

El programa es criticado dado a que se necesita la renovación del servicio por año, inclusive, si no existen cambios en la titularidad, además de que, cuando un inmueble cambia de dueño, el nuevo propietario debe volver a pagar esta alerta, lo que genera cobros duplicados.

El legislador también enfatizó en que, para que este programa funcione de buena forma, se necesita la coordinación interinstitucional sólida entre el Registro Público de la Propiedad del Comercio, las áreas de Catastro Estatal y municipales, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, además de notarios públicos.

Caballero Gaona resaltó que la problemática de despojo de inmuebles afecta a adultos mayores, personas residentes fuera de Nuevo León o México, o los que desconocen o no pueden dar seguimiento presencial de sus bienes.

(CAGG)