La Ley Ganadera de Nuevo León existe desde 1994 y, aunque fue reformada en 2007, no se ha actualizado para responder a las necesidades sanitarias, tecnológicas y de competitividad que enfrenta actualmente el sector pecuario.

En la Comisión de Fomento al Campo, Energía y Desarrollo Rural del Congreso del Estado, se iniciaron los trabajos para modernizar el marco jurídico de la actividad ganadera.

Desde la bancada de Movimiento Ciudadano, el diputado Armando Víctor Gutiérrez presentó una propuesta que incorpora definiciones técnicas alineadas con normativas federales, como el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SNIIGA). Además, establece sanciones progresivas exigidas por autoridades de Estados Unidos y por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), con el objetivo de reactivar la exportación hacia Texas.

"Primero que nada, sí es histórico esto. Desde que estoy en la ganadería sentíamos que había algo que nos frenaba en el día a día de los productores. Son 32 años desde 1994 que tenemos esta ley y sólo se le movió una coma en 2007. Hoy hay nuevas herramientas y prácticas que no mencionaba esa ley y que nos frenaban al momento de que la autoridad nos regulaba", agregó.

La iniciativa también contempla protocolos obligatorios de bioseguridad, inspecciones permanentes y vigilancia epidemiológica para enfrentar riesgos como el gusano barrenador, con beneficios estimados de hasta un 20% en exportaciones.

Las sanciones se aplicarían como parte de los requisitos establecidos por Estados Unidos para reactivar la exportación, bajo un esquema progresivo. De acuerdo con el diputado panista Ignacio Castellanos Amaya, el objetivo es evitar que los pequeños productores enfrenten multas superiores al valor de la carga que transportan.

"Se van a reunir los técnicos para fusionar las dos propuestas. Los dos somos ganaderos y entendemos las necesidades. Las sanciones se van a aplicar porque lo pide Estados Unidos para reactivar la exportación, pero serán progresivas: la primera vez será ligera, la segunda más fuerte y la tercera todavía más. La idea es que el pequeño productor no pague multas más caras que lo que lleva cargando", explicó Castellanos Amaya.

La comisión se declaró en permanente para continuar con el análisis y la integración de ambas propuestas, con el respaldo de observaciones técnicas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) del Gobierno de México y del Consejo Estatal Agropecuario.

La reestructuración de esta legislación busca que la entidad recupere su capacidad exportadora y fortalezca la competitividad de sus productores frente a los retos sanitarios y tecnológicos actuales.

(CAGG)