El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la facultad de anular los resultados electorales del 1 de junio si identifica que los candidatos presentan vínculos criminales, antecedentes de violencia o deudas alimentarias.

El Senado de la República, encabezado por su presidente Gerardo Fernández Noroña, entregó al INE los expedientes de los aspirantes propuestos por el Poder Legislativo y Ejecutivo, pero dejó fuera los del Poder Judicial.

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció que el INE puede negar la constancia de mayoría a cualquier candidato que no cumpla con los requisitos legales, incluso si ya ha sido electo.

Este proceso cobra especial relevancia, ya que, por primera vez en la historia democrática de México, la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir directamente a los integrantes del Poder Judicial Federal.

En caso de denuncias por irregularidades, los aspirantes contarán con tres días para presentar pruebas en su defensa. Además, se habilitó un micrositio para que la ciudadanía y organizaciones civiles aporten información sobre los candidatos, fortaleciendo el proceso de revisión.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, subrayó que el instituto está comprometido a aplicar la normativa con rigor y garantizar la probidad de quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial.

(CAGG)