En al menos diez comunidades mayas de Yucatán, pozos y sistemas de agua presentan contaminación fecal atribuida a granjas porcinas que operan en desacato a fallos judiciales, denunciaron activistas y pobladores.

Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Johns Hopkins confirmaron la presencia de bacterias de origen porcino en municipios como Chocholá, Kinchil y Maxcanú. Los afectados advirtieron riesgos sanitarios y exigieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) frenar la operación de criaderos ilegales.

Señalaron a la empresa Pecuaria Peninsular, que continúa activa en Santa María Chi pese a una orden de cierre y una multa de 14 millones de pesos. La crisis ya afecta la salud de familias y a la apicultura que perdió certificaciones internacionales.

(APHA)