El gobierno de Venezuela anunció su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional.

El canciller Félix Plasencia comunicó la medida al secretario general de la ONU, António Guterres, por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Según el comunicado oficial, Venezuela considera que la Corte ha concentrado de manera desproporcionada su labor en países africanos y latinoamericanos, lo que revela un sesgo geográfico y una instrumentalización de la justicia internacional.

En paralelo, la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional destituyó al fiscal Karim Khan, por presunta conducta sexual indebida. La decisión se aprobó con 82 votos a favor, 13 en contra y 15 abstenciones, en una sesión extraordinaria celebrada en Nueva York. Khan negó las acusaciones y anunció que impugnará el procedimiento.

Las tensiones en torno a la Corte se intensificaron también desde Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, rechazó cualquier jurisdicción del tribunal sobre ciudadanos estadounidenses y calificó a la institución en estos términos:

“No somos miembros de esa Corte, nunca firmamos ese tratado, y necesitan entenderlo. Si la gente quiere firmar y formar parte de esa organización estúpida, pueden hacerlo, pero nosotros no vamos a ser parte de ella. No van a aplicar su jurisdicción sobre los estadounidenses, eso simplemente no va a ocurrir. No lo vamos a tolerar. Ni ahora ni en el futuro, y se lo hemos advertido repetidamente. Y ahora van a ver las consecuencias de habernos ignorado.”



Washington insiste en que nunca ratificó el Estatuto de Roma y ha impulsado una campaña diplomática para limitar la influencia de la Corte. Tres movimientos que marcan un momento de fuerte cuestionamiento a la legitimidad y al alcance de la justicia penal internacional.