La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz García, confirmó la presencia de agentes de la Fiscalía General de la República en tres sedes del instituto: el complejo central de Tlalpan, la Torre Zafiro y el inmueble ubicado en la calle de Moneda.

De acuerdo con la funcionaria, personal de la fiscalía especializada en combate a la corrupción solicita archivos documentales, oficios y contratos administrativos. Cruz García precisó que los agentes no han ingresado a la antigua oficina de la presidencia, que era ocupada por Guadalupe Taddei, ni han retirado expedientes físicos, y aseguró que las labores del proceso electoral 2026-2027 continúan sin interrupciones. También dijo que entiende que haya suspicacias sobre posibles remanentes de la influencia de la ex funcionaria, pero aseguró que ese tipo de señalamientos poco a poco van a desaparecer.

“Quien toma las decisiones en colegialidad pues son las 10 consejerías, ustedes lo han visto. Hemos asumido decisiones incluso, pues, que no pasaban antes en la mesa porque no se abrían a lo mejor los temas, y hoy hemos estado avanzando de manera colegiada, tomando decisiones juntas y juntos, que nos parece que es la ruta en la que tenemos que avanzar. Y eso evidentemente vamos a ir avanzando y se va a ir cerrando la brecha de este tipo de comentarios.”

En paralelo, la presidenta interina anunció un acuerdo entre los consejeros para concretar la salida de tres altos funcionarios designados durante la gestión anterior.

En los próximos días dejarán sus cargos Alejandro Sosa, titular del Registro Federal de Electores; Yessica Alarcón, encargada de despacho de lo Contencioso Electoral; y Jorge Egren Moreno, director del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Estos hechos se enmarcan en las investigaciones por presuntos delitos de cohecho, peculado y tráfico de influencias en licitaciones superiores a los mil cien millones de pesos, registradas durante la presidencia de Guadalupe Taddei.

Con estas bajas, el organismo supera ya las treinta renuncias de servidores públicos desde que estalló el caso y tras la salida de Taddei a finales de octubre. El Consejo General mantendrá las revisiones administrativas mientras avanzan las indagatorias federales.

(CAGG)