El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha anunciado sanciones contra dos nacionales mexicanos y nueve entidades involucradas en operaciones de robo y contrabando de combustible vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este grupo fue designado como Organización Terrorista Extranjera por la Administración del presidente Donald Trump en febrero de 2025.

El anuncio del Departamento de Estado se basa directamente en la acción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que detalla las designaciones realizadas por su Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC. Según el comunicado del Tesoro, entre los sancionados se encuentra Oscar Guillermo Juraidini Silva, quien presuntamente opera como contador y facilitador clave de las operaciones financieras del CJNG. De acuerdo con la información del Tesoro, Juraidini crea y administra empresas de fachada para falsificar documentos aduaneros, permitiendo la importación de combustible desde Estados Unidos hacia México con un etiquetado incorrecto que elude el pago de impuestos especiales, como el IEPS. Sus clientes principales incluyen empresas de gasolineras que comercializan estos productos en el mercado minorista.

Asimismo, J. Refugio Ruiz Villagomez está vinculado a empresas de logística que han participado en el contrabando de combustible sin los permisos requeridos y han realizado transacciones por decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense con partes relacionadas al CJNG.

En total, nueve entidades asociadas a estos individuos —que operan en sectores de transporte, servicios financieros y bienes raíces— han sido incluidas en las sanciones. Estas operaciones generan cientos de millones de dólares anuales para el CJNG, constituyendo una de las principales fuentes de ingresos no derivadas del narcotráfico.

El contrabando involucra el uso de empresas fachada, documentos falsificados y evasión fiscal, además de la venta de combustible ilícito en el mercado negro. Según el comunicado del Departamento del Tesoro, en México los cárteles utilizan las ganancias ilícitas provenientes de la venta de combustible en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación, con el objetivo de apoyar la elección de funcionarios dispuestos a facilitar el control de posiciones administrativas clave en el gobierno. Esto permite continuar las operaciones de contrabando de combustible y acceder a contratos estatales para blanquear las ganancias ilícitas de estos esquemas y otras actividades criminales.

Las sanciones se aplican conforme a la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por apoyo al terrorismo, y la Orden Ejecutiva 14059, dirigida contra la proliferación de drogas ilícitas y sus medios de producción.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que estas acciones destacan cómo los cárteles de México amplían sus actividades más allá del tráfico de drogas para generar ingresos que financian sus organizaciones criminales.

Con estas medidas, Estados Unidos busca interrumpir las redes financieras que sustentan estas operaciones, proteger a las empresas legítimas y al sistema financiero estadounidense, y avanzar en el desmantelamiento de organizaciones terroristas.

(CAGG)