Alrededor de dos millones de funcionarios estadounidenses tienen hasta las primeras horas de este viernes para dimitir a sus cargos con una indemnización de ocho meses de sueldo o arriesgarse a ser despedidos inmediatamente.

Este plan fue elaborado por Elon Musk, titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental, quien es uno de los principales aliados y donantes de la campaña electoral del presidente Donald Trump. El objetivo del departamento es reducir el personal de las agencias federales.

Según medios locales, al menos 40 mil servidores públicos ya han aceptado esta propuesta de renuncia. La iniciativa ha causado conmoción entre los funcionarios, quienes han sido presionados por la administración presidencial para aceptar la oferta. Sin embargo, muchos sindicatos y grupos demócratas cuestionan la legalidad de este plan.

Un juez federal en Massachusetts está considerando una audiencia para una demanda presentada por estos sindicatos, los cuales solicitan una medida cautelar contra el plazo impuesto por Musk. Cabe mencionar que estos sindicatos representan a alrededor de 800 mil trabajadores.

Las agencias afectadas por estos cambios gestionan gran parte de la economía mundial, abarcando desde la educación hasta la inteligencia nacional. Por ejemplo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), responsable de distribuir ayuda al extranjero, ha sido paralizada por órdenes de la Casa Blanca, la cual acusa a la organización de malgastar recursos económicos.

Asimismo, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) está bajo observación del Departamento de Eficiencia Gubernamental. La prensa estadounidense informó que la residencia presidencial recibió un correo electrónico confidencial con una lista de nombres de oficiales de menor rango que podrían aceptar fácilmente la propuesta.

Musk afirma que esta dimisión brinda a los servidores la oportunidad de “vacacionar” o “relajarse”. En contraparte, los opositores indican que “los empleados federales no deben dejarse engañar por la palabrería de multimillonarios no electos y sus lacayos”, añadiendo que el proyecto “no ofrece garantías, carece de financiación y es ilegal”.

(MMSV)