El Congreso del Estado de Nuevo León mantiene en suspenso el juicio político contra el exalcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos.
Aunque el procedimiento fue iniciado en 2025 por la Comisión Anticorrupción debido a presuntas irregularidades, específicamente el desacato a una orden judicial para destituir a quien entonces se desempeñaba como secretario de Desarrollo Urbano, Javier de la Fuente, el expediente permanece detenido por una serie de amparos interpuestos por los propios promoventes.
De acuerdo con la diputada Armida Serrato Flores, presidenta de la Comisión Anticorrupción, los abogados que impulsan la sanción contra el exedil recurrieron al Poder Judicial para exigir que el Congreso acelerara el trámite, lo que derivó en una contradicción procesal que, por ahora, impide dar continuidad al asunto.
"El juicio político de Miguel Treviño no avanza precisamente por los requerimientos que nos han hecho los juzgados. Los abogados nos han señalado por omisión legislativa, lo cual ya les hemos informado al juez que no ha habido omisión, porque desde el momento en que se presentó la denuncia, se turnó, está en la Comisión, y se ha aperturado; esas son actividades legislativas", explicó.
La legisladora priista precisó que la Comisión ha respondido de manera permanente a los requerimientos de los juzgados para acreditar que el procedimiento sigue su cauce legal y que, en ningún momento, ha existido omisión por parte del Poder Legislativo.
"Me parece absurdo que los abogados que están en contra de Miguel, o sea a favor del juicio político, hayan interpuesto ese tipo de recursos que me detienen a mí para continuar. Estamos esperando que sea el sobreseimiento de ese juicio para que podamos ahora sí continuar con el proceso en contra de Miguel Treviño", añadió Serrato Flores.
Por ahora, el Congreso permanece a la espera de que los juzgados federales resuelvan los amparos en curso. Solo una vez que se dicte la desestimación de los recursos interpuestos por la parte acusadora, la Comisión Anticorrupción podrá retomar las mesas de análisis para determinar si procede o no la sanción contra el exmandatario sampetrino.
(CAGG)