Unas 40 mil personas se vieron obligadas a confinarse en Colombia durante el primer semestre de 2026 para proteger su vida en medio del conflicto armado, denunciaron la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

La defensora del pueblo, Iris Marín, expresó que una proporción significativa de la situación afecta a comunidades indígenas y afrodescendientes, cuyos territorios presentan mayores niveles de aislamiento, precariedad institucional y dependencia de la movilidad para su subsistencia, lo que agrava el riesgo humanitario y limita su pervivencia cultural.

Según los organismos, la fragmentación e intensificación del conflicto armado provocaron un aumento significativo en los casos de personas encerradas en sus casas.

De acuerdo con un informe, los departamentos donde la problemática cobró más fuerza son Cauca, Chocó, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Putumayo, Magdalena, Meta y Guainía.

En estas zonas, grupos armados ilegales restringen la movilidad y limitan el acceso a derechos básicos de las comunidades, en hechos que pueden prolongarse durante semanas o meses.

El confinamiento, según los organismos, “pone en riesgo la supervivencia de comunidades enteras, afecta su relación con el territorio, vulnera sus prácticas ancestrales y restringe el ejercicio de los derechos fundamentales a la salud, la educación, la alimentación y la vivienda”.

(APHA)