El consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Castillo, señaló que las acusaciones contra la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei por presuntas irregularidades en contratos podrían constituir delitos graves que, conforme al artículo 19 constitucional, podrían ameritar prisión preventiva oficiosa. Pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue de oficio y determine si los hechos encuadran en esos delitos. Subrayó que este caso debería considerarse con mayor razón para la aplicación de esa medida, en contraste con su uso habitual contra personas de escasos recursos.

"Los hechos que se han difundido podrían llegar a constituir delitos graves que se persiguen de oficio y que podrían incluso ameritar prisión preventiva oficiosa. Actualmente las cárceles están llenas de pobres, a los que se les ha aplicado esta figura. Me parece que una cuestión, o un ejemplo, o un caso, donde con mayor razón debería considerarse su aplicación es el que estamos viendo aquí. Creo que podrían ser dos delitos concretos: enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones, que están expresamente tipificados", dijo.

Estas declaraciones se suman a un panorama más amplio de señalamientos que precipitaron la renuncia de Taddei, formalizada el 26 de octubre. La Auditoría Superior de la Federación abrió de oficio una investigación por posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos, que abarca al INE, organismos públicos locales electorales, funcionarios y proveedores. El Órgano Interno de Control del Instituto mantiene expedientes abiertos, mientras el Partido Acción Nacional presentó una denuncia penal ante la FGR por seis posibles delitos federales, entre ellos cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, estimando contratos irregulares por alrededor de mil 600 millones de pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado la realización de auditorías y ha pedido no adelantar conclusiones.

“No sé quién pidió la (prisión preventiva)... pero ¿quién define eso? La Fiscalía, ¿no? Pero lo primero que tiene que haber es una auditoría, y después de la auditoría, lo que se encuentre, si tiene algún asunto penal, pues que se presente a la Fiscalía y la Fiscalía tendría que hacer su propia investigación", agregó.

El Consejo General del INE, bajo la presidencia provisional de Blanca Cruz, ha acordado revisar contratos vigentes, habilitar un buzón de denuncias anónimas y colaborar con las instancias de auditoría, con el objetivo de salvaguardar el desarrollo del proceso electoral 2026-2027.

(CAGG)