La Comisión Anticorrupción del Congreso local intensificó las diligencias para avanzar en el juicio político contra el gobernador de Nuevo León, luego de incorporar nueva documentación considerada clave dentro de los expedientes. Se trata de información remitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrada por 35 copias certificadas derivadas de procedimientos sancionadores promovidos contra el titular del Ejecutivo estatal.

La diputada Armida Serrato Flores, presidenta de la comisión, informó que recibieron una notificación de carácter urgente sobre una denuncia presentada por integrantes de MORENA, por lo que el próximo 12 de junio se llevará a cabo una sesión para dar a conocer los avances de la investigación y acelerar el procedimiento conforme a los plazos establecidos por la ley.

"Como ustedes saben también, el día de hoy, se turnó con carácter de urgente también a la Comisión que presido, Anticorrupción, la denuncia de juicio político establecida por varios integrantes como ciudadanos del grupo o del partido político de MORENA, en donde se habla sobre la triangulación de recursos públicos que tiene o que se ha señalado del gobernador a diferentes instancias, directamente al despacho de su papá. En unos minutos más estaré circulando la convocatoria para reunir a la Comisión Anticorrupción este próximo viernes 12 de junio a las 11 de la mañana, con la intención de presentar a la Comisión, precisamente el acuerdo", explicó.

Ante este escenario, la bancada de Movimiento Ciudadano fijó una postura firme. La diputada Melisa Peña Villagómez aseguró que su partido no respalda ninguna solicitud en contra del mandatario, al señalar que los señalamientos realizados por MORENA ya fueron aclarados por el propio titular del Ejecutivo.

"Es muy normal y natural, estamos a un año de la elección, obviamente los partidos van a querer politizar cualquier tema para perjudicar la imagen de gobierno... se va a unir Morena, se va a unir PRIAN porque están buscando un espacio en estas próximas elecciones", mencionó.

La Comisión busca aprobar este viernes el acuerdo de procedencia; de avalarse, el gobernador de Nuevo León tendrá cinco días hábiles para presentar su defensa.

Se estima que el proceso ante el Pleno durará de dos a tres meses antes de turnarse al Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León (TSJN). El Congreso determinará el desafuero, dejando al órgano jurisdiccional la imposición de las sanciones definitivas.

(CAGG)