La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, se reunieron con representantes de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Banobras y Luz y Fuerza del Centro para escuchar sus inquietudes sobre la reforma a pensiones aprobada en marzo del presente año.

Los extrabajadores solicitaron suspender la aplicación de la reforma hasta que se emitan las leyes secundarias, al señalar que ya se realizan descuentos a sus percepciones.

La modificación fija un tope de 70 mil pesos mensuales para las llamadas “pensiones doradas” de altos exfuncionarios, con el fin de que no superen la mitad del salario presidencial.

Los jubilados reconocieron la disposición del Gobierno federal al diálogo y anunciaron que buscan reunir 127 mil firmas para que el Congreso analice una iniciativa contra la retroactividad de la reforma. Aseguran que cerca de 90 mil pensionados han resultado afectados por los cambios.

(APHA)