Desde la madrugada del 24 de noviembre se desplegó una amplia protesta nacional encabezada por transportistas, agricultores y miembros del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, quienes instalaron cierres en al menos 40 puntos viales por la inseguridad en las vías de comunicación, el precio del maíz y la nueva Ley General de Aguas.

Las primeras acciones surgieron a las 6:00 horas en la México–Toluca rumbo a la capital, seguidas por interrupciones en la México–Querétaro, donde grupos se posicionaron en Tepotzotlán y Palmillas, afectando gravemente la circulación en uno de los corredores más transitados del país.

Durante la mañana las interrupciones avanzaron hacia otras rutas del Valle de México, como México–Texcoco y Lechería–Texcoco, mientras distintos contingentes ampliaron la movilización a zonas fronterizas. Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Baja California registraron bloqueos en aduanas y pasos comerciales, incluyendo el puente Córdova de las Américas en Ciudad Juárez, donde el dirigente Eraclio Rodríguez encabezó la toma de instalaciones para exigir mejores condiciones económicas y de seguridad.

Hacia el sur, productores de Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo cerraron accesos urbanos y caminos regionales, mientras operadores de carga y pipas obstaculizaron la vía José López Portillo en Ecatepec. A estas acciones se añadieron demostraciones en Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero, Morelos y Zacatecas, configurando una jornada de presión nacional cuyo objetivo central es obtener reconocimiento formal de Gobernación como interlocutores legítimos y garantizar atención a sus planteamientos.

Tras casi diez horas de interrupciones continuas, algunos corredores comenzaron a liberarse parcialmente, de acuerdo con autoridades estatales. Tramos de la México–Toluca, México–Puebla y México–Querétaro recuperaron movilidad limitada, además de aperturas en sectores de las carreteras 45 y 70, donde operativos de seguridad negociaron con los inconformes el retiro de maquinaria pesada y tractocamiones utilizados para las obstrucciones.

Las agrupaciones afirmaron que la movilización podría prolongarse hasta obtener compromisos concretos sobre precios del maíz, condiciones de seguridad y modificaciones a la nueva Ley General de Aguas.

(CAGG)