Ulises Carlín de la Fuente, encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Nuevo León, aseguró que no existe ninguna ilegalidad en su permanencia al frente de la dependencia.

En entrevista con Mario Gámez en La Grillotina, explicó que la figura del encargado del despacho está prevista precisamente para otorgar certeza jurídica a la operación de cualquier dependencia u órgano de gobierno cuando se presenta la ausencia temporal o definitiva del titular.

Como ejemplo, recordó casos recientes, como el de un encargado del despacho en la Fiscalía General de Justicia, Pedro Arce, que permaneció en el cargo por casi dos años sin que esto representara un impedimento legal.

Carlín detalló que el artículo 125 de la Constitución local, en el que se basa la denuncia de la diputada priista Lorena de la Garza, establece que el plazo de 90 días para que el gobernador envíe una propuesta de nombramiento al Congreso solo aplica en casos de ausencia sin causa justificada, como enfermedad, muerte o desaparición. Sin embargo, la renuncia formal del anterior tesorero, Carlos Garza Ibarra, constituye una causa justificada, por lo que el nombramiento de un encargado de despacho es plenamente válido mientras se formaliza el titular definitivo.

Además, señaló que los oficios enviados por la diputada Lorena de la Garza a instituciones financieras y organismos reguladores carecen de efecto legal, ya que fueron fechados el 2 de abril, cuando el Congreso del Estado ya se encontraba en período de vacaciones. Aunque evitó calificarlos como “ilegales”, insistió en la importancia de distinguir su falta de validez.

Con estas explicaciones, Carlín busca eliminar cualquier duda sobre el manejo de los recursos públicos del estado, ante los señalamientos de la oposición respecto a un supuesto vacío en la titularidad de la Tesorería.

(CAGG)