En medio de crecientes tensiones en Los Ángeles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que considera invocar la Ley de Insurrección de 1807 para responder a las protestas contra las redadas migratorias en esa ciudad. La polémica declaración ha encendido el debate sobre el uso del poder militar para atender conflictos civiles.

Esta ley, raramente utilizada en la historia moderna del país, otorga al mandatario la facultad de desplegar fuerzas armadas en territorio estadounidense sin necesidad de aprobación estatal, con el objetivo de sofocar disturbios civiles o actos de insurrección.

Las protestas, que surgieron como rechazo a las redadas migratorias federales, han escalado rápidamente. En los últimos días se han registrado enfrentamientos con la policía, quema de vehículos y cientos de detenciones, según reportes de medios locales.

De manera anticipada, Trump ya había ordenado el envío de 2 mil elementos de la Guardia Nacional y 700 marines, sin consultar ni obtener la autorización del gobernador de California, Gavin Newsom, lo que generó una fuerte reacción entre funcionarios estatales y líderes comunitarios.

Activistas, legisladores y autoridades locales han condenado estas acciones, acusando al mandatario de exacerbar innecesariamente el conflicto en lugar de buscar soluciones de fondo al problema migratorio.

Aunque no es la primera vez que Trump amenaza con recurrir a medidas de fuerza, la posible activación de una ley tan controvertida como la de Insurrección abre un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites del poder ejecutivo frente a las manifestaciones sociales.

(CAGG)