El Senado de la República aprobó este martes, por mayoría calificada, una reforma constitucional que exige nacionalidad mexicana única para quienes aspiren a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La votación fue de 86 votos a favor y 42 en contra. El proyecto, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y ya había sido avalado por la Cámara de Diputados.

El dictamen establece que esos cargos solo podrán ser ocupados por mexicanos por nacimiento que no tengan ni adquieran otra nacionalidad. Quien ya cuente con una segunda nacionalidad deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato. Quien ejerza el cargo no podrá adquirir otra nacionalidad ni usar pasaporte extranjero, ejercer derechos políticos de otra ciudadanía o acogerse a protección diplomática de otro país.

El oficialismo sostuvo que la medida no elimina la doble nacionalidad reconocida desde 1997 y que se limita a tres cargos ejecutivos, por razones de soberanía.

“Esta reforma no está hecha contra nadie, ni en lo general ni en lo particular. […] Esta reforma no está dirigida contra los mexicanos y las mexicanas que tienen otra nacionalidad, mucho menos contra nuestros y nuestras connacionales, que por razones familiares, migratorias y personales han construido su vida entre México y otro país. México reconoce la doble nacionalidad, la protege y esta reforma no cambia ese principio", explicó Manuel Huerta.

PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Argumentaron que la reforma restringe derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad y que la lealtad no se acredita con un solo pasaporte.

“Se habla de injerencia extranjera, pero la injerencia que hoy lastima a México tiene otros rostros. Tiene el rostro de un poder que busca limitar cada vez más la competencia electoral. Tiene el rostro del crimen organizado que financia campañas, amenaza candidatos y decide quién puede hacer política en regiones enteras del país. Hay gobernadores señalados por sus vínculos con esos grupos y frente a ellos el oficialismo guarda silencio o pide prudencia", dijo Luis Donaldo Colosio.

La reforma contempla aplicarse a partir del proceso electoral de 2028. Ahora será enviada a los congresos de los estados para continuar el trámite constitucional. El Congreso federal tendría 90 días, una vez vigente el decreto, para adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral.

(CAGG)