La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las universidades públicas no pueden cobrar por cursos o requisitos obligatorios e indispensables para obtener la titulación, ya que ello contraviene el principio constitucional de progresividad hacia la gratuidad de la educación superior.

En su fallo, el Pleno concedió el amparo al quejoso, ordenando la devolución del pago realizado por el Curso de Comprensión de Lectura y sentando precedente para casos similares.

Este criterio refuerza el derecho a la educación gratuita y accesible en instituciones públicas, alineándose con el artículo 3° de la Constitución.

(CAGG)