Nuevo León.- Colegios y barras de abogados solicitaron al Congreso de la Unión dar trámite para realizar un juicio contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia Estado, Arturo Salinas Garza.

Esto por considerar que existen graves violaciones a la Constitución Política de Nuevo León; mediante de un escrito firmado por los presidentes y exrectores de los 14 colegios y barras, se realizó la adhesión formal al procedimiento sancionados promovidos por Pablo Alberto Vázques Esquivel ante la Cámara de Diputados, en el cual se da cuenta los ilícitos cometidos por el también presidente del Consejo de la Judicatura, luego de tomar protesta como gobernador interino en octubre de 2023.

“Los que suscribimos este recurso, todos Presidentes de Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado de Nuevo León, cuyos hemos tenido conocimiento de que el Sr. Pablo Alberto Vázquez Esquivel, presentó ante esa H. Cámara de Diputados, un escrito en el que se contiene una denuncia de Juicio Político, en contra del C. Lic. José Arturo Salinas Garza”, señaló en el escrito.

Indicaron que existen fundamentos establecidos en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos, así como de la Constitución Política de Nuevo León para fincarle responsabilidades al magistrado.

Los demandantes indicaron que la toma de protesta sucedida el día 25 de octubre del año pasado, viola expresamente el principio más elemental de división de poderes públicos, y que impide que dos o más de ellos puedan ser desempeñados por una sola persona.

También apoyan dicha solicitud de remoción luego de que el pasado cuatro de enero, presentaron ante el Congreso, una denuncia de Juicio Político solicitando la remoción de Salinas Garza, sin que todavía el Poder Legislativo haya emitido una resolución al respecto, no obstante que se han presentado escritos insistiendo por una sentencia.

Los abogados cuestionaron que, si no se ha llevado a cabo, es por su posición política, la cual Salinas Garza ha utilizado para que no se resuelva este asunto.

De igual forma, los representantes legales indicaron sentirse molestos por la actitud del magistrado y del Consejo de la Judicatura, porque se aprovechan de sus cargos y que no han permitido la creación de un diálogo, lo cual viola plenamente, lo establecido en el artículo 17 Constitucional.

Señalaron que el artículo 132 de la Constitución de Nuevo León prohíbe que los empleados del Poder Judicial ocupen la gubernatura, indicaron que Arturo Salinas no renunció a la presidencia del Poder Judicial sino que presentó una licencia.

Explicaron que un juez de Reynosa Tamaulipas en los momentos de controversia dijo que, en su petición de licencia, el magistrado presidente reconoció que el Congreso lo designó gobernador interino, lo que revela entonces que, para el momento de su designación, dicho funcionario estaba legalmente impedido, pues aún era magistrado del Tribunal Superior de Justicia, actualizándose instantáneamente el impedimento previsto el Artículo 118, fracción V, de la Constitución del Estado de Nuevo León.

(MACV)