La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, dio entrada al recurso que promovió el Comité de Evaluación del Poder Judicial y frenó cualquier acción legal que pretenda emprender el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra los integrantes del Comité por no acatar la resolución que le ordenó regresar a sus actividades para elegir a candidatos, jueces, magistrados y ministros.

Este asunto se turnó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien deberá presentar un proyecto en el que determine qué resolución debe obedecer el Comité, si la de dos jueces federales que le ordenaron suspender actividades o si la del Tribunal Electoral.

La ministra dio un plazo de nueve días al TEPJF y de tres días a los jueces de Michoacán y Jalisco para que presenten los documentos sobre este asunto.

De igual forma, dictó una medida cautelar para que no se actúe contra los integrantes del Comité, en tanto la Corte resuelve el caso.

El 13 de enero, la Suprema Corte rechazó revocar el acuerdo del Comité de Evaluación, el cual canceló actividades en acato a dos suspensiones definitivas otorgadas por jueces de Distrito, debido a dos juicios de amparo promovidos contra le reforma judicial.

Esta decisión ha puesto en riesgo que dicha junta no tenga tiempo para presentar candidatos para jueces, magistrados y ministros que deben ser elegidos por voto popular el próximo 1 de junio.

Tanto el Comité de Evaluación del PJF, como los Comités de Evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo tienen hasta el 31 de enero para tener la lista de candidatos, misma que deben entregar el próximo 7 de febrero.

Por ahora, los comités del Ejecutivo y Legislativo decidieron no acatar los mandamientos judiciales y han advertido que ellos continuarían con el proceso de seleccionar candidatos para puestos de juzgadores.

Los magistrados electorales determinaron denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Sergio Santamaría Chamú, juez Primero de Distrito en Michoacán, por haber ordenado al comité frenar actividades, ya que para el Tribunal se tipifica una posible responsabilidad en el delito contra la administración de la justicia.

(CAGG)