El edificio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) fue desalojado la tarde del martes tras una amenaza de bomba que obligó a cerca de 130 personas salir de las instalaciones ubicadas sobre la avenida Cuauhtémoc en el Centro de Monterrey.

El organismo, encargado de la defensa de los derechos de más de seis millones de habitantes en la entidad, activó de inmediato los protocolos de seguridad.

La movilización comenzó alrededor de las 14:40 horas y concluyó alrededor de las 16:00 horas, una vez que las autoridades finalizaron las labores de inspección. Posteriormente, el personal pudo regresar a sus oficinas para reanudar actividades.

La titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Olga Méndez Arellano, informó que ya se busca identificar a los responsables y que se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía estatal. Señaló que la Comisión continuará operando con normalidad, sin importar intentos de intimidación o afectaciones a su labor.

“Vamos a denunciar. La Comisión va a seguir trabajando, le moleste a quien le moleste. Así es esto: defendemos a personas en situaciones extremas, desaparecidos, detenciones ilegales y arbitrarias en diversos ámbitos y contextos", aclaró.

Además, explicó que la amenaza se originó cuando una persona se presentó en la recepción y advirtió que “en uno de estos días iba a lanzar una bomba”.

“Es una amenaza, yo espero que no se confirme, pero se está siguiendo todo el protocolo a fin de determinar si existe algo al interior. No deja de ser un evento contra un defensor de derechos humanos, contra una defensoría de derechos humanos (...) La única información que tengo es que una persona se acercó a recepción y señaló que en uno de estos días iba a lanzar una bomba. Esa persona tendrá que ser llevada a declarar", mencionó.

Ante ello, se activaron los protocolos de emergencia y se solicitó el apoyo de Protección Civil estatal y municipal, la Policía de Proximidad de Monterrey, Bomberos de Nuevo León y binomios caninos especializados, quienes realizaron la revisión del inmueble.

Agregó que, aunque ha recibido amenazas previas, ninguna ha implicado riesgo directo contra su vida.

Finalmente señaló que, los recursos de la Comisión no permiten contratar seguridad privada, por lo que dependen del resguardo estatal, motivo por el cual hizo un llamado para reforzar la protección de la institución.

“No nos queda de otra, vamos a seguir operando igual. La Comisión Estatal es un organismo público autónomo, pero los recursos no nos alcanzan para tener seguridad privada. Dependemos de la seguridad que brinda el Estado, de la policía que se encuentra aquí, y en esa medida hacemos un llamado al propio Estado para que proteja y resguarde la institución", subrayó.

(CAGG)