Luego de que legisladores señalaran que el Paquete Fiscal 2026 “ya no tenía futuro”, la presidenta de la Comisión de Presupuesto en el Congreso de Nuevo León, Lorena de la Garza Venecia, afirmó que mantiene la esperanza de que las bancadas encuentren puntos de coincidencia para que el proyecto avance y se logre un acuerdo, aunque no precisó una fecha para definir el destino financiero del estado.

“Yo quiero tener fe en que este proceso en algún momento va a encontrar puntos de coincidencia. Porque sí es una realidad que Nuevo León necesita que cada peso de recurso público esté etiquetado para irse a las prioridades que la gente necesita (…) Pues puede ser pronto. 
Acordémonos que también, siempre cuando haya voluntad, se puede convocar un periodo extraordinario", mencionó.

La priista destacó que la entidad recibirá ingresos adicionales respecto al año anterior y que estos recursos deben destinarse a atender las necesidades de la población.

No obstante, reiteró que aún no hay acuerdos entre las bancadas, aunque “aún les queda tiempo” para aprobar el ejercicio fiscal, comentó la legisladora.

“Sigue sin haber acuerdo. Eso es una realidad (…) Pues nos quedan… ¿en qué mes estamos? Vamos empezando el tercer mes del año, nos queda tiempo y ojalá esto sea pronto”.

Con optimismo, de la Garza Venecia aseguró que el dictamen ya está listo y que, una vez exista consenso, el proceso de armonización sería rápido.

“Nosotros ya tenemos todo organizado para poder poner en la propuesta los puntos de coincidencia que hubiera entre las bancadas. Eso sí, ya está listo. Y en el momento en el que nos digan que ya hay un consenso, es un trabajo de un par de horas armonizar todo para poder convocar a una sesión”, aclaró.

Sin embargo, persisten puntos de disputa en la negociación, relacionados con la deuda solicitada por el Poder Ejecutivo, proyectos de movilidad y el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera, por lo que se espera que las negociaciones continúen.

Cabe destacar que, la última sesión de la comisión se realizó el 5 de febrero, dejando el proceso en un estado permanente. 

(CAGG)