Tras revelarse una operación inmobiliaria entre el despacho De la Garza Santos Abogados, vinculado a Filiberto de la Garza, hermano del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y una empresa relacionada con el desarrollador José “N”, surgen interrogantes sobre el origen de una deuda por 80 millones de pesos que fue liquidada mediante la entrega de un terreno en Cozumel, Quintana Roo.

Según la factura correspondiente, la operación no se realizó como una compraventa del predio ubicado en Puerto Aventuras, sino bajo la figura jurídica de “dación en pago” en una sola exhibición, mecanismo mediante el cual un deudor entrega bienes para extinguir una obligación previamente contraída.

De acuerdo con el documento, Latitud 40, compañía donde José “N” aparece como socio y apoderado, transfirió el 35.56 por ciento de los derechos de propiedad del terreno para cubrir un adeudo de 80 millones de pesos con el despacho jurídico.

Sin embargo, la documentación disponible no aclara aspectos fundamentales de la operación. Entre ellos destaca el origen de la obligación millonaria, cuándo fue contraída y cuál fue la relación comercial que dio lugar al adeudo.

Tampoco se detalla si la deuda derivó de la prestación de servicios legales, de un financiamiento, una inversión conjunta o cualquier otro acuerdo entre las partes.

Otro de los cuestionamientos es por qué el adeudo fue saldado mediante un activo inmobiliario y no con un pago en efectivo, así como cuáles fueron los criterios utilizados para determinar que el valor de la porción del terreno equivalía a los 80 millones de pesos reclamados.

Mientras no se transparenten los antecedentes de la obligación, persisten las dudas sobre la naturaleza de la relación entre Latitud 40 y el despacho De la Garza Santos Abogados, así como sobre las condiciones bajo las cuales se generó y liquidó la deuda.

(CAGG)