Frente al conflicto legal que enfrenta con una servidora pública, el periodista Carlos Jiménez informó sobre los avances del acto de censura que se le ha adjudicado por parte de la Fiscalía General de la Ciudad de México.

No solo se le atribuyeron medidas cautelares y una orden de aprehensión, sino que recientemente también se le confirió una audiencia legal en reclusorio.

Desde la primera semana de enero, el comunicador ha evidenciado las intenciones de censura emitidas por una funcionaria del órgano en su contra. Esta funcionaria pretende ejercer medidas cautelares e incluso imponer una sanción de arresto para frenar las denuncias y contundentes declaraciones que Jiménez ha externado en su programa informativo.

El proceso legal ha sido respaldado por la fiscalía, que ha emitido múltiples notificaciones jurídicas en contra del periodista.

Aunque Jiménez ha evitado referirse directamente a la servidora pública, es un hecho que los usuarios han puesto sobre la mesa el nombre de Ana Alicia Casillas Hurtazo, Fiscal de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

El pasado 28 de enero, la cuenta de ‘X’ del acusado compartió nuevos detalles del proceso jurídico, que ya contemplaba una orden de audiencia en reclusorio programada para el miércoles de esa semana. No obstante, este jueves, el reportero fue notificado sobre el aplazo del acto legal.

En la publicación, Jiménez aludió a que el Poder Judicial de la Ciudad de México había reprogramado la audiencia por “problemas técnicos”. Ante esto, determinó que la Fiscalía únicamente tenía el objetivo de engañar a las autoridades insinuando que continuaba hablando sobre la servidora pública.

Ante la especulación del caso, múltiples órganos, medios locales y funcionarios han salido a emitir su postura respecto al caso, ejemplo de ello fue la senadora, Lilly Téllez, quien desde la Comisión Permanente exhortó a la fiscalía para abogar a favor de los derechos y libertad de expresión del periodista.

(CAGG)