La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, señaló que el secuestro de “El Mayo” Zambada fue resultado del cambio de medida cautelar por parte de Ovidio Guzmán, “El Ratón”, hijo de “El Chapo” Guzmán. La sustracción ocurrió justo después de que accedió a ser testigo protegido, y luego de que 17 de sus familiares fueron aceptados en Estados Unidos.

“Estos acontecimientos permiten inferir, por la proximidad en el tiempo, los vínculos familiares, así como de las organizaciones delictivas, que guardan una relación de intermediación, es decir, que presumiblemente el secuestro fue resultado del cambio de medida cautelar, aunado al hecho de la recepción de 17 familiares de Ovidio por parte del gobierno de ese país", dijo Godoy.

La fiscal indicó que la FGR investiga “una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional”, entre ellas posibles transgresiones a la Carta de Naciones Unidas y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Godoy expuso la cronología según la FGR: el 23 de julio de 2024 se tuvo conocimiento del ingreso de Ovidio al programa de testigos; dos días después, el 25 de julio, la Embajada de Estados Unidos notificó el cambio de medida cautelar sin consultar al Gobierno de México, el mismo día en que se ejecutó la extracción de Ismael “El Mayo” Zambada. La fiscal subrayó que se indagan violaciones graves cometidas por autoridades estadounidenses en el secuestro y traslado ilegal del capo.

“De confirmarse la información reciente con respecto a que el mismo FBI reconoce que se trató de una operación exitosa planeada, organizada y ejecutada por el FBI para capturar y secuestrar en suelo mexicano a una persona de nacionalidad mexicana, para trasladarla y encarcelarla en otro país, todo apunta a que estaríamos de cara a tres situaciones graves. Una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense", explicó.

México ya investiga este caso, y reiteró que pedirá a Estados Unidos que “El Mayo” sea procesado también por delitos cometidos en territorio nacional.

(CAGG)