Movimientos financieros millonarios sin justificación clara colocan al contralmirante Fernando Farías Laguna en el centro de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), tras su detención en Argentina luego de permanecer prófugo desde agosto de 2025.

Las investigaciones señalan que participó en empresas como Comercial Gámez San Pedro e Inmobiliaria Falaycava y, junto con su hermano, preso en el Altiplano, es indagado por delincuencia organizada ligada al robo de hidrocarburos.

Aunque reportó actividades empresariales, no hay comprobantes fiscales. Entre 2020 y 2024 percibió 1.7 millones de pesos por nómina, pero registró deducciones por más de 17.4 millones, lo que evidencia un desbalance superior a 5 millones 600 mil pesos. Además, se documentan compras, pagos en efectivo y una posible simulación en la venta de un inmueble.

La fiscalía concluye que sus gastos superan sus ingresos y advierte el uso de grandes cantidades de efectivo, además de su presunta participación en una red vinculada con corrupción y lavado de dinero.

En paralelo, se identificaron transferencias “inusuales” con empresas relacionadas con el empresario Gilberto Salazar Escoboza, condenado en Estados Unidos por fraude; recibió 5 millones de pesos de Agroexportadora SE y envió 10 millones a Agronegocio SE, sin que se haya aclarado el origen o motivo de estas operaciones.

Las investigaciones también señalan vínculos con el empresario Ramón Ángel Castillo Vázquez, socio de Farías Laguna, relacionado a su vez con Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, lo que perfila una red de relaciones financieras y políticas bajo indagatoria por huachicol fiscal.

(APHA)