La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 456 votos a favor, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

Durante la sesión de este martes, se avaló la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que modifica el Código Penal Federal para incluir el delito de extorsión en el catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

El Pleno entró a la discusión de reservas, aunque se acordó aprobar una propuesta conjunta presentada por los coordinadores de Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, la cual incorpora diversos cambios.

Entre los ajustes destaca la reducción de las penas previstas originalmente. En la versión inicial, los policías, agentes del Ministerio Público, jueces o custodios penitenciarios que omitieran denunciar la comisión de este delito enfrentaban sanciones de 10 a 20 años de prisión. Con la reserva aprobada, la pena se reduce a un rango de 5 a 10 años.

Asimismo, se propone que la extinción de dominio no proceda sobre bienes incautados que hayan sido declarados en abandono a favor del gobierno federal o estatal, ni sobre aquellos que ya cuenten con sentencia firme de decomiso.

Durante la discusión del dictamen, los distintos grupos parlamentarios expusieron los alcances y efectos de la nueva ley.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, destacó que los delincuentes aprovechan las diferencias en los tipos penales y sanciones entre entidades federativas, por lo que esta ley permitirá que el Estado actúe de forma unificada contra la extorsión.

Por su parte, las bancadas del PAN y el PRI insistieron en la necesidad de incrementar las sanciones del tipo penal básico, actualmente previsto entre 6 y 15 años de prisión.

El diputado priista César Domínguez advirtió que una de las agravantes contempladas podría tener un impacto negativo en los sindicatos, ya que se considera un aumento de sanción de hasta una tercera parte para quien, en representación de un sindicato, agrupación o asociación, coaccione a una víctima para contratar o adquirir bienes, insumos o servicios con una persona o empresa determinada.

La diputada Mary Carmen Bernal reconoció que la ley podría requerir ajustes futuros conforme avance su aplicación, y adelantó que su bancada presentará una adición al artículo 15, para que quien intente cometer el delito sin consumarlo reciba una sanción proporcional.

Tras la votación en lo general, inició la presentación de reservas, con una lista de 60 oradores inscritos para intervenir.

(APHA)