En un despliegue estratégico, autoridades de los tres niveles de gobierno lograron la captura de José Antonio “N”, presunto líder de una célula delictiva especializada en el contrabando de combustible.

La detención, realizada en el estado de Nuevo León, es resultado de una investigación exhaustiva iniciada tras el aseguramiento previo de un buque en las costas de Tamaulipas, lo que permitió rastrear la red operativa hasta la zona metropolitana de Monterrey.

La operación de precisión contó con la participación coordinada de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), cumplimentaron cuatro órdenes de cateo simultáneas.

Los mandatos judiciales se ejecutaron en diversos inmuebles ubicados en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey y Allende, puntos clave donde se presume que José Antonio "N", de 39 años, coordinaba la comercialización ilegal de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos.

Durante las intervenciones, las autoridades no sólo lograron la captura del principal objetivo, sino también la de una mujer de 41 años, que se encontraba en el lugar.

El inventario de lo asegurado refleja el alto nivel adquisitivo y la peligrosidad de la célula criminal: se confiscaron nueve armas cortas y una larga, abundantes cartuchos, equipos de cómputo y documentación diversa.

Sin embargo, lo más sorprendente del hallazgo fue el aseguramiento de siete tigres, los cuales forman parte de la colección de animales exóticos del grupo, además de 11 vehículos, seis motocicletas y una cantidad aún no especificada de dinero en efectivo y dosis de droga.

Tras informarles sobre sus derechos constitucionales, los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica.

Mientras tanto, las propiedades intervenidas permanecieron selladas y bajo estricto resguardo policial. 

Con ello, el Gabinete de Seguridad nacional envía un mensaje sobre la desarticulación de las estructuras financieras de aquellos grupos que lucran con el patrimonio energético del país.

(CAGG)