Fiscales, procuradores y el fiscal general de la República alertaron que, resolver en contra de la Constitución, permitiría que sesenta mil personas detenidas en todo el país pudieran obtener su libertad procesal, lo que sería de alto riesgo para la sociedad.

En la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) manifestaron la preocupación que provocaría que obtuvieran su libertad los procesados por delitos como feminicidio, homicidio, secuestro, así como delincuencia organizada y otros. De esta manera quedarían expuestos los testigos, víctimas y servidores públicos que intervinieron en cada caso.

Por ello es indispensable y obligatorio, cumplir y hacer cumplir la Constitución, la prisión preventiva oficiosa es una restricción válida del derecho humano a la libertad.

(MDAM)